El presidente Bernardo Arévalo de León califica estas acciones como una amenaza directa a la democracia y exige la destitución inmediata del juez Orellana.
GUATEMALA.- El Gobierno de Guatemala se declaró en alerta este lunes tras lo que considera un intento de “golpe de Estado” por parte del juez penal Fredy Orellana y del Ministerio Público, acciones que el presidente Bernardo Arévalo de León calificó como una amenaza directa a la democracia del país.
En conferencia de prensa, el portavoz gubernamental Santiago Palomo afirmó: «Estamos en un momento crítico donde los mismos actores de siempre buscan tergiversar la voluntad popular expresada en las urnas en 2023». El funcionario hizo un llamado a la población a «cerrar filas» en defensa de la democracia, en línea con el mensaje emitido por Arévalo de León el domingo en cadena nacional.
El conflicto se originó luego de que el juez Orellana intentara suspender al partido oficial, Movimiento Semilla, y solicitara al Tribunal Supremo Electoral la anulación de los resultados de las elecciones de 2023, con el objetivo de declarar vacante la Presidencia. Esta no sería la primera vez que Orellana busca medidas similares, según denunció el Ejecutivo.
Arévalo de León calificó estas acciones como un intento de “golpe de Estado” y acusó a una “alianza criminal atrincherada en el Ministerio Público y en ciertos espacios del sistema de Justicia” de intentar nuevamente sumir al país en “autoritarismo, corrupción e impunidad”.
El Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, ratificó este lunes que los resultados de 2023 están concluidos y que no existe forma de revocarlos. «Ahora deberíamos estar pensando en los 19 meses que faltan para ir a votar» en los nuevos comicios programados para 2027, señaló Blanca Alfaro, presidenta del tribunal. Alfaro recordó que la Corte de Constitucionalidad ya validó los resultados que llevaron a Arévalo de León a la Presidencia.
En respuesta, el mandatario solicitó a la Corte de Constitucionalidad garantizar los resultados de 2023 y pidió al Organismo Judicial la “inmediata destitución” de Orellana, acusando que su conducta constituye una “violación grave al orden constitucional y una amenaza directa a nuestra democracia”.
Arévalo de León también señaló a la fiscal general Consuelo Porras y al juez Orellana como “enemigos de nuestro país” y los responsabilizó como obstáculos centrales en la lucha contra la corrupción, señalamiento respaldado por la opinión de la sociedad guatemalteca y de la comunidad internacional.
