El gobierno salvadoreño busca ofrecer un marco jurídico moderno y seguro, que permita atraer capitales privados hacia diversos sectores de la economía.
EL SALVADOR.- Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos. La iniciativa fue presentada por el presidente de la República, a través del Ministro de Economía y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y tiene como objetivo establecer un marco de regulación y supervisión para este tipo de fondos.
Los Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF) estarán integrados por los aportes que hagan inversionistas calificados como “inversionistas sofisticados”, quienes recibirán esta calificación por tener al menos $250,000 disponibles para realizar inversiones en cualquier rubro.
Los PAIF serán administrados por Sociedades Administradoras de Fondos. Alternativamente, los “PAIF autónomos” podrían ser administrados por Sociedades de Inversión de Capital Fijo (SICAF).
La normativa tiene como objetivo, crear un entorno legal que permita la constitución, funcionamiento y operación de los fondos de inversión privados alternativos, regulados bajo normas del Banco Central de Reserva (BCR), y no bajo la regulación del sistema financiero tradicional. Estos fondos estarán dirigidos exclusivamente a inversionistas sofisticados.
“Estamos buscando mecanismos legales seguros que nos permitan hacer ojitos, por decir algo, para que estos inversionistas sofisticados se instalen en El Salvador”, declaró la representante de Economía, Martha Solís, durante el estudio del proyecto, el pasado 14 de octubre.
El gobierno salvadoreño busca ofrecer un marco jurídico moderno y seguro, que permita atraer capitales privados hacia diversos sectores de la economía, favoreciendo la innovación y la diversificación del mercado de inversiones en El Salvador. También, pretende impulsar el crecimiento económico y fortalecer la estabilidad del sistema financiero nacional.
El dictamen indica que, conforme a la Constitución de la República, el Estado promoverá el desarrollo económico mediante el uso racional de los recursos, garantizando la libertad económica y fomentando la iniciativa privada en beneficio de la mayoría de los habitantes del país.
Supervisión y regulación
Los diputados destacaron la importancia de una supervisión clara por parte de las autoridades competentes, como el Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero, para asegurar que estos fondos operen de acuerdo con la ley y no representen riesgos para la economía.
La ley establece la obligación de que las sociedades administradoras de estos fondos cuenten con un capital mínimo de $10 millones y estén debidamente autorizadas para operar en el país.
El proyecto de ley fue discutido en una reunión de la comisión, donde participaron representantes del Ministerio de Economía y el Centro Nacional de Registros. Durante la reunión, se expuso que la ley pretende facilitar la creación de nuevas estructuras de inversión que permitan una gestión moderna y segura de estos fondos.
