La exprimera dama Ana Ligia de Saca irá a juicio nuevamente en octubre. Ya había sido condenada en 2021.
EL SALVADOR.- El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador programó el inicio del juicio en contra de la ex primera dama de la República Ana Ligia Mixco Sol de Saca y seis imputados más para el próximo 11 de octubre, el cual tendrá una duración de aproximadamente tres semanas.
Esto, luego que el tribunal realizó el pasado 23 de junio de 2023 una audiencia especial de estipulación de prueba. La representación fiscal ya presentó la propuesta probatoria que utilizará.
Además, en la resolución emitida por el tribunal el pasado 14 de septiembre decretaron que César Daniel Funes Cruz sea separado del proceso judicial luego que un informe del Instituto de Medicina Legal (IML) concluyó que este presenta “un trastorno demencial severo secundario a accidente cerebrovascular grave”. Funes Cruz es padre del exsecretario de Juventud en el gobierno de Elías Antonio Saca, César Funes.
La ex primera dama Ana Ligia de Saca junto a su hermano, Óscar Edgardo Mixco Sol, y Milton Romeo Avilés Cruz fueron condenados hace dos años por el Tribunal Cuarto de Sentencia a penas de 10 y siete años de prisión respectivamente.
Sin embargo, esa sentencia fue anulada en octubre de 2022 por los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal, quienes también ordenaron repetir el juicio en contra de estas tres personas. Por esa razón, el caso fue enviado al Tribunal Sexto de Sentencia.
El resto de los imputados que se encuentran procesados en este caso son: Ricardo Ernesto Lemus Zelaya, José Antonio Armando Lemus Zelaya, José Antonio Lemus Zaldívar, conocido socialmente como Antonio Lemus Simún y Gerardo Antonio Funes Durán. Todos ellos fueron separados del proceso al inicio del otro juicio en 2021.
Ana Ligia de Saca fue declarada culpable en junio de 2021 de haber lavado $17.6 millones a través de una estructura de corrupción que lideró el expresidente Elías Antonio Saca, también condenado a 10 años de cárcel en 2018. Esto luego de confesar en un procedimiento abreviado haber lavado $301 millones de dinero del Estado.
