La organización exigió hacer público el acuerdo bilateral que respalda la operación de las tropas en Puerto Príncipe y aclaró que el uso de la fuerza debe regirse por el derecho internacional, tras confirmarse que la mayoría de los efectivos opera fuera del mandato de la ONU.
EL SALVADOR. – La organización Amnistía Internacional (AI) instó a los gobiernos de El Salvador y de Haití a garantizar el estricto respeto a los derechos humanos durante las operaciones de seguridad que realizan más de 2.000 efectivos militares salvadoreños desplegados en Puerto Príncipe para combatir a las bandas armadas.
A través de un comunicado oficial, la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer, señaló que tanto el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, como el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, deben asegurar que todas las intervenciones de las tropas salvadoreñas en territorio haitiano se apeguen al derecho internacional. «El compromiso del primer ministro haitiano de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas», subrayó.
El contingente salvadoreño fue enviado el mes pasado para sumarse a los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana (PNH) y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) —autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre de 2025—, tras la desaparición de cuatro soldados salvadoreños integrantes de la GSF, quienes fueron emboscados el pasado 18 de octubre en la zona de Santo, distrito de Croix-des-Bouquets.
Ante la falta de claridad sobre el marco operativo de estos efectivos —luego de que el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmara que la gran mayoría no forma parte de la GSF y queda fuera de los mecanismos de información de Naciones Unidas—, Amnistía Internacional exigió transparencia a ambas administraciones.
«Ambos gobiernos deben hacer público el acuerdo que ampara el despliegue y explicar cómo supervisan a las fuerzas desplegadas, qué reglas rigen el uso de la fuerza, ante quién rinden cuentas y cómo puede la población denunciar posibles violaciones sin temor a represalias», puntualizó Piquer.
Asimismo, el organismo advirtió que las incursiones armadas cerca de zonas residenciales, escuelas y hospitales pueden agravar la crisis humanitaria que atraviesa la población civil haitiana, por lo que enfatizó que el uso de la fuerza debe regirse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, prestando especial atención y protocolos específicos para la protección de la niñez.
Finalmente, la organización demandó investigaciones prontas e imparciales ante cualquier denuncia de abusos, al tiempo que pidió esclarecer el paradero de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos y exigió su liberación inmediata y sin daños en caso de encontrarse retenidos por grupos armados.
