El crimen del ex fiscal ocurre en un escenario complejo, marcado previamente por la fuga de 20 líderes del Barrio 18 el 12 de octubre.
GUATEMALA. – El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció este martes la destitución del director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, y del subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché, en medio de una profunda crisis de seguridad desencadenada por el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el pasado 17 de octubre.
La medida fue oficializada en rueda de prensa por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien previamente había advertido que tomaría determinaciones drásticas tras concluir las investigaciones internas sobre el desempeño de los agentes en este caso, señalando que iban a «rodar cabezas».
Irregularidades en el proceso y agentes detenidos
El día del homicidio de Solórzano Foppa —quien también fuera jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT)—, la policía detuvo a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz como supuestos implicados en el ataque perpetrado en unos campos deportivos de la capital.
No obstante, los acusados recobraron su libertad luego de que un juez dictara falta de mérito, tras comprobarse que los uniformados les habían «plantado» un fusil que no correspondía con el arma homicida. Como resultado de este procedimiento anómalo:
Siete agentes de la institución (incluyendo un comisario y un inspector) se encuentran detenidos a la espera de su primera declaración.
El Ministerio Público los investiga por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Contexto y exigencias legales
El crimen del ex fiscal ocurre en un escenario complejo, marcado previamente por la fuga de 20 líderes del Barrio 18 el 12 de octubre. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, se comprometió el 19 de octubre a esclarecer el atentado y llevar a los culpables ante la justicia, aunque hasta ahora no se ha capturado a los autores materiales e intelectuales.
En paralelo, la defensa legal de los hermanos Choc Toz, representada por el abogado Karlos de León, exigió al mandatario una disculpa pública y una indemnización económica por los daños psicológicos sufridos debido a su aprehensión irregular.
