Los organizamos de seguridad y de derechos humanos salvadoreños aseguraron, este viernes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la administración del presidente de la República, Nayib Bukele, ha combatido las pandillas con el régimen de excepción garantizando la integridad de cada uno de los ciudadanos honrados.
Por lo tanto, el comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión, Andrés Guzmán, rechazó que en El Salvador existan casos de tortura y persecución contra alguno de los ciudadanos.
Guzmán respondió luego que al menos 11 organizaciones de sociedad civil denunciaran casos de torturas al interior de los centros penales, en perjuicio de los detenidos del régimen de excepción, donde también compareció la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que denunció que 209 periodistas han sufrido algún tipo de agresión en su trabajo, y el 60 % de estas es responsabilidad del Estado.
“Rechazo de manera general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existen seguimientos o algún tipo de acoso contra periodistas, esto no se ha evidenciado”, aseguró Guzmán durante la audiencia de la CIDH a la que fue citado en Estado salvadoreño.
Esto fue acuerpado por el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, quien afirmó que no han recibido ninguna denuncia por torturas “o tratos degradantes en contra de algún salvadoreño”, y defendió que la cantidad de fallecidos al interior de los centros penales es menor a las administraciones pasadas
“Actualmente la tasa de fallecidos en el interior de los centros penales a partir del año 2019 ha sufrido una reducción de aproximadamente el 50 %, es decir, que en las administraciones en las cuáles estuvo bajo la dirección del expresidente Salvador Sánchez Cerén, la cantidad de los fallecidos al interior de los Centros Penales eran superior a las que actualmente se están registrando en los centros de detención”, dijo Delgado sin revelar cuántos reos han muerto bajo tutela del Estado.
Delgado aseveró que la institución que preside se apoya en “métodos de carácter científico” del Instituto de Medicina Legal para certificar la muerte de una persona y, según él, que no tienen ningún tipo de violencia, en este caso de los reos detenidos durante el régimen de excepción.
Mientras tanto, la viceministra de relaciones exteriores, Adriana Mira, recalcó que las verdaderas víctimas de la situación en El Salvador no son los pandilleros. “Las víctimas reales son los salvadoreños de bien, la gran mayoría de bien, ellos son quienes merecen ser tenidos en cuenta en primera instancia, que se hagan respetar sus derechos”, esgrimió.
Lo anterior, luego que, en la exposición de las organizaciones de la sociedad civil, una familiar de uno de los detenidos fallecidos, asegurara que se enteró de la muerte por medio de un empleado de una funeraria, y no por medio de las autoridades.
