EL SALVADOR.- Con 59 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles declarar estado de emergencia nacional por la sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio salvadoreño, relacionada en la iniciativa con el fenómeno climático “Súper El Niño”. La medida tendrá una vigencia de seis meses y podrá ser prorrogada previa solicitud del presidente de la República.
El decreto establece como acciones inmediatas proteger la seguridad alimentaria y nutricional de la población, prevenir impactos en la agricultura, la agroindustria y la ganadería, activar las comisiones del Sistema Nacional de Protección Civil y coordinar la atención de los efectos de la sequía a escala nacional, departamental y municipal.
También contempla otras medidas para mitigar los impactos sobre la población, sus bienes, los servicios públicos y los ecosistemas, de acuerdo con las necesidades específicas de la emergencia.
El presidente de la República, como máxima autoridad en la ejecución de los planes de contingencia de Protección Civil y mitigación de desastres, deberá implementar las acciones de atención de la emergencia en coordinación con el director general de Protección Civil. Este último deberá informar diariamente sobre las acciones ejecutadas, la distribución de recursos y ayuda de la cooperación local e internacional, así como sobre los mecanismos de coordinación con las municipalidades.
La coordinación y canalización de la cooperación internacional estará a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores, en coordinación con el ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial. El Ministerio de Agricultura y Ganadería coordinará las acciones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional y el almacenamiento de alimentos.
La logística, particularmente la administración de la asistencia humanitaria, estará bajo responsabilidad del ministro de la Defensa Nacional, con el objetivo de garantizar el manejo “efectivo y transparente” de los suministros dirigidos a la población afectada.
El decreto también faculta a las instituciones de gobierno para administrar y trasladar fondos destinados a prevenir y mitigar los efectos de la emergencia.
La solicitud de los diputados de Nuevas Ideas señala que las condiciones están asociadas a déficit hídrico, períodos secos y altas temperaturas, y que los efectos del fenómeno climático tienen impacto sobre la disponibilidad de agua, las actividades agropecuarias, la producción de alimentos, los ecosistemas y los medios de vida de la población.
La iniciativa también indica que la declaratoria se plantea en el marco de la alerta roja emitida por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial el 25 de agosto de 2026 y a partir de la solicitud presentada por el presidente de la República con base en informes de la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres.
Caleb Navarro: decreto de emergencia no exime al Estado de la Ley de Compras Públicas
El diputado de Nuevas Ideas, Caleb Navarro, señaló que el decreto no establece exenciones de impuestos ni excluye a las instituciones de la Ley de Compras Públicas. Afirmó que la administración y traslado de fondos para atender la emergencia deberán realizarse conforme a la normativa vigente.
“No se establece ningún tipo de exoneración de impuestos para nadie, no hace exento de la Ley de Compras Públicas para nadie, tiene que someterse a las leyes vigentes de nuestro país en lo concerniente a este tema”, declaró.
Navarro también enfatizó que el decreto establece responsabilidades específicas para distintas instituciones y contempla que el director general de Protección Civil informe diariamente sobre las acciones ejecutadas, la distribución de recursos y la ayuda proveniente de la cooperación.
Asimismo, sostuvo que la declaratoria busca dar mayor capacidad de respuesta al Estado y facilitar la coordinación entre instituciones ante la situación de emergencia.
Villatoro cuestiona que el estado de emergencia se apruebe tarde y advierte sobre contrataciones directas
La diputada de ARENA, Marcela Villatoro, cuestionó que la declaratoria de emergencia se apruebe cuando, según afirmó, agricultores llevan meses solicitando apoyo y parte de las cosechas ya se perdió o está en riesgo de perderse.
Asimismo, cuestionó que la medida llegue después de meses de advertencias sobre las condiciones de sequía y afirmó que el diputado Francisco Lira había presentado una propuesta relacionada con la emergencia semanas atrás. Villatoro también criticó la falta de un plan para la agricultura.
La legisladora también afirmó que su bancada apoyaría (previo a la aprobación) la declaratoria por los agricultores y la seguridad alimentaria, pero advirtió que fiscalizarán el uso de los fondos públicos y exigirán conocer el destino de los recursos.
En ese sentido, Villatoro sostuvo que el decreto puede activar mecanismos de contratación directa previstos en la Ley de Compras Públicas.
“Con respecto a la Ley de Compras Públicas, sí se puede bypassear. Con un decreto como este, el artículo 41 de la misma Ley de Obras Públicas de Compras Públicas dice que se puede hacer la contratación directa. O sea que directamente se puede seleccionar esta es la empresa que yo quiero”, concluyó.
El decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial.
