Asimismo, las autoridades señalaron que se monitorea de manera constante a los importadores de alimentos.
SAN SALVADOR.- La Defensoría del Consumidor mantiene un plan de vigilancia e inspección a nivel nacional en las principales empresas importadoras, productoras, distribuidoras y comercializadoras de alimentos con el objetivo de evitar incrementos injustificados y abusos de precios derivados del alza global en los combustibles.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, informó que actualmente se procesan requerimientos de información a más de 50 empresas para evaluar sus estructuras de costos y comprobar que cualquier ajuste en los precios esté debidamente justificado y sea proporcional a los costos de operación. Como resultado de estas fiscalizaciones en productos de la canasta básica y por casos de obstaculización al no proporcionar la información requerida, la Defensoría ha aplicado más de 165 sanciones que suman un monto superior a los $958,000 en multas.
Asimismo, las autoridades señalaron que se monitorea de manera constante a los importadores de alimentos —especialmente de granos básicos como maíz, arroz y frijol—, registrando un comportamiento positivo en el abastecimiento para prevenir cualquier escenario de escasez.
“Nos mantenemos con estos monitoreos que estamos realizando a nivel nacional, tanto en lo que son supermercados, mercados, las mismas distribuidoras y también nos mantenemos vigilantes en otro importante segmento que son todos los importadores de alimentos”, explicó Salazar.
Verificaciones por llegada de turistas hondureños
Salazar también explicó que esta semana Honduras tiene la Semana Morazánica, un período similar a las Fiestas Agostinas; por ello, desarrollan un plan de verificación para garantizar que se respeten los derechos de los consumidores
El plan de verificación lo realizan a escala nacional, alcanzando cerca de 100 inspecciones en los primeros tres días de operativos. Durante estas jornadas, las autoridades han detectado un 24 % de hallazgos de incumplimiento, lo que ha derivado en la activación de procesos sancionatorios que podrían representar multas de entre 200 y 500 salarios mínimos para los comercios infractores.
Entre las principales irregularidades encontradas figuran la presencia de producto vencido en establecimientos. En estos casos, la institución emite medidas cautelares inmediatas para destruir los alimentos dentro del mismo local, garantizando que no sean utilizados en la preparación de comida ni comercializados a los consumidores. Asimismo, se verifica que los negocios mantengan los precios a la vista, ofrezcan información clara y precisa en promociones, y respeten la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, la cual prohíbe el cobro de recargos o la exigencia de montos mínimos al pagar con tarjeta.
Los equipos de verificación han mantenido presencia activa en diversos puntos turísticos y comerciales clave del país, tales como el Centro Histórico de San Salvador, la zona de Surf City en La Libertad, la Ruta Panorámica, la Ruta de las Flores (Ataco y Apaneca), así como en las principales playas del oriente del país.
