Un panel de jueces de la corte de apelaciones parece estar dividido sobre si revocar o confirmar una orden que obliga al gobierno de Trump a facilitar el regreso de decenas de migrantes venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos a una notoria prisión en El Salvador el año pasado.
WASHINGTON D.C.-Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia dejó entrever este viernes una profunda división interna sobre si revocar o mantener una orden judicial que exige a la administración del presidente Donald Trump facilitar y costear el retorno de decenas de migrantes venezolanos. Estos habían sido expulsados de Estados Unidos en marzo de 2025 y enviados sin previo aviso a una prisión en El Salvador.
El caso llega al tribunal de apelaciones tras un recurso interpuesto por el Departamento de Justicia. La dependencia gubernamental busca anular un fallo dictado en febrero por el juez federal de distrito James Boasberg, en el cual ordenaba al Gobierno estadounidense gestionar el regreso de los afectados para que pudieran ejercer su derecho a impugnar sus deportaciones en suelo norteamericano.
Fractura en el panel judicial
Durante la audiencia de argumentos orales, los magistrados mostraron posturas dispares enfocadas en el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre personas trasladadas al extranjero:
Dudas sobre la “custodia constructiva”: La jueza Neomi Rao cuestionó si los demandantes pueden acogerse a la figura de habeas corpus, argumentando la falta de pruebas de que Estados Unidos mantuviera un control efectivo sobre los migrantes una vez entregados a las autoridades salvadoreñas.
Cumplimiento de la reparación:
Por su parte, el juez A. Raymond Randolph sugirió que la causa podría haber quedado sin objeto, dado que los migrantes fueron posteriormente liberados en El Salvador y trasladados a Venezuela. En su criterio, el habeas corpus busca la liberación del confinamiento, condición que ya se habría cumplido. Defensa del debido proceso: En contraste, el juez Harry Edwards sostuvo que la resolución previa fundamentó con suficiente evidencia que la administración federal “mantuvo el control compartido” sobre las deportaciones. Edwards defendió que la medida del juez de distrito buscaba garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de los afectados.
Argumentos de las partes
Representando al Gobierno, el abogado Tiberius Davis sostuvo que la decisión del tribunal de distrito vulnera la competencia del Ejecutivo en materia de política exterior y advirtió que mantener la orden “abriría la puerta a demandas que alegan que Estados Unidos tiene la custodia de facto de prisiones en todo el mundo”.
En respuesta, Lee Gelernt, defensor de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), replicó que las autoridades han reconocido de forma implícita la falta de debido proceso en las expulsiones aceleradas. Gelernt enfatizó que liberar a los demandantes en un país del cual huyeron no constituye una reparación adecuada e insistió en que la restitución legal exige su retorno a Estados Unidos.
El panel judicial no fijó un plazo para emitir su resolución definitiva.
