Comisión de la Asamblea avala ley para regular a profesionales de la construcción y urbanización


La nueva ley contempla una plataforma de consulta pública en línea que permita conocer el estado de los profesionales y prestadores de servicios inscritos, incluyendo si su registro se encuentra activo, suspendido o cancelado y el estado de los trámites.

SAN SALVADOR.-  El lunes 7 de septiembre la Comisión de Infraestructura y Desarrollo Territorial de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para la creación de la Ley Especial de Responsabilidad Profesional para las Personas Sujetas a Inscripción en el Registro de Profesionales y Prestadores de Servicios de Urbanización y Construcción.

La iniciativa busca normar y fiscalizar el ejercicio de las personas naturales y jurídicas dedicadas al rubro del desarrollo inmobiliario, cuya administración estará bajo el control de la Dirección de Ordenamiento Territorial (DOT), entidad creada en 2024.

Durante la sesión de comisión, los parlamentarios recibieron a la directora ejecutiva de la DOT, María Bordi, quien expuso los alcances técnicos de la propuesta. De acuerdo con la funcionaria, la normativa contempla regular de forma integral el respaldo técnico en cada una de las fases de los proyectos de construcción, lotificación y urbanismo, promoviendo un control centralizado que eleve los estándares a nivel nacional.

Entre los componentes clave del proyecto destacan la modernización tecnológica y la transparencia. La ley impondrá el uso obligatorio de la Firma Electrónica Certificada (FEC) y del Sello Electrónico Profesional para la validación de planos, memorias de cálculo, dictámenes y bitácoras. Además, la DOT pondrá a disposición una plataforma digital de consulta pública para verificar la validez, suspensiones o licencias activas de los profesionales del sector.

La propuesta establece que el Registro de Profesionales operará dividido en las categorías de área ambiental, auditoría urbana, construcción, cultural y tramitadores. Asimismo, Bordi precisó que, tras un periodo de transición de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, todo trámite ante la DOT deberá ser presentado de forma obligatoria por un tramitador debidamente acreditado.

Por su parte, el presidente de la mesa legislativa, Salvador Chacón, justificó la necesidad de la ley señalando que se busca erradicar la informalidad en el gremio, prevenir estafas y evitar fallas estructurales o deficiencias técnicas en proyectos viales y habitacionales.