La Fiscalía reporta 18 mil contratos bajo investigación, decenas de bienes intervenidos y un esquema que apunta a una presunta estafa piramidal que operaba en varios municipios de Chalatenango.
EL SALVADOR.- El titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, brindó una actualización sobre la investigación del caso CrediCash, un presunto esquema de captación ilegal de fondos que habría afectado a miles de personas.
Según detalló, el monto total asegurado asciende a $38,574,722.69, resultado de diversas diligencias realizadas hasta la fecha. De esta cifra, $27,550,750.20 corresponden a dinero en efectivo incautado, mientras que $11,023,972.49 han sido inmovilizados en cuentas bancarias.
Hasta el momento, la FGR ha recibido 180 denuncias a nivel nacional en contra de Orellana Ayala.
#Nacional | Hasta el momento la @FGR_SV ha recibido 180 denuncias en contra de Gerson Orellana, acusado de de captar fondos de los salvadoreños bajo el nombre de “CrediCash”, informó @FiscalGeneralSV.
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Las autoridades también reportan la existencia de alrededor de 18 mil contratos de mutuo, en los que podría haber uno o más acreedores, lo que refleja la magnitud del caso. Además, se han intervenido 47 inmuebles y 175 vehículos, así como la inmovilización de un bien vinculado a la empresa Transporte Imperio Yajaira S.A. de C.V.
El fiscal general explicó que el principal señalado, Gerson Orellana Ayala, ocultaba dinero en distintos inmuebles a su nombre. Entre los hallazgos destacan:
- Funeraria Águilas del Norte: $2,160.86
- Oficinas de CrediCash en Nueva Concepción: $117,038.45
- Longitudinal del Norte (Transportes Yajaira): $29,078.93
- Vivienda en Chalatenango: $7,269,198.04
Como parte de la respuesta institucional, se ha habilitado un Centro Especializado para el Procesamiento de Evidencia, que permitirá organizar la documentación incautada, analizar contratos y registros financieros, así como identificar a las víctimas, con el objetivo de agilizar la investigación.
Las autoridades sostienen que el modelo de operación dependía del ingreso constante de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, lo que apunta a un posible esquema piramidal.
Finalmente, el fiscal indicó que la operación tenía un alcance amplio, con presencia en entre 25 y 30 municipios de Chalatenango, además de rutas interdepartamentales.
