Gracias indicó que la derogatoria no modifica los requisitos de idoneidad para los accionistas, los cuales continuaran regulados en los artículos 11 y 12 de la normativa.
EL SALVADOR.- Los diputados de la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión aprobaron un dictamen favorable para derogar el artículo 10 de la Ley de Bancos, vigente desde 1999. Con la derogación, se permitirá que los accionistas mayoritarios de los bancos puedan ser extranjeros.
Durante el estudio, la superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Marisol Gracias, explicó que la derogatoria tiene como objetivo “eliminar restricciones legales que dificultan la entrada de nuevos competidores al mercado bancario salvadoreño” y generar mayor competencia en la intermediación.
“Consideramos que se posibilita la creación de nuevas fuentes de acceso al crédito, y las necesidades de inversión, consumo y de desarrollo de los distintos sectores de la economía real van a tener otros proveedores de sistema bancario que van a atender sus necesidades”, dijo.
El artículo 10 establecía que el 51 % o más de las acciones de un banco debía pertenecer a personas naturales salvadoreñas o centroamericanas. En el caso de personas jurídicas, sus accionistas también debían ser personas naturales salvadoreñas o centroamericanas. Asimismo, permitía la participación de bancos e instituciones bancarias centroamericanas que cumplieran condiciones específicas de regulación y supervisión.
Gracias indicó que la derogatoria no modifica los requisitos de idoneidad para los accionistas, los cuales continuaran regulados en los artículos 11 y 12 de la normativa. También, explicó que no se afectará la supervisión porque se mantiene el resto de regulación relacionada con la supervisión, investigación y colaboración internacional, tanto de instituciones como de accionistas.
“Es importante decirlo con absoluta claridad: esta decisión no elimina la supervisión del Estado. La Superintendencia del Sistema Financiero mantendrá intactas todas sus facultades legales”, afirmó la diputada Dania González.
El decreto estableció que entraría en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
