Ambos abogados enfrentan un proceso judicial en El Salvador relacionado con el caso La Floresta.
EL SALVADOR.- La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) eliminó la difusión roja emitida contra los abogados y defensores de derechos humanos salvadoreños Ivania Cruz y Rudy Joya, quienes abandonaron el país tras denunciar persecución política.
Según UNIDEHC, la anulación de la alerta fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo y el Colegio de la Abogacía Española, que acompañaron el proceso en los tribunales de crimen organizado de España, donde ambos se encuentran solicitando asilo.
Cruz explicó que la revisión del caso requería combinar los elementos de la alerta internacional con su solicitud de protección internacional, lo que llevó a intervenir a autoridades judiciales españolas. La organización recordó que varios relatores y expertos de Naciones Unidas habían advertido públicamente sobre el uso indebido de mecanismos de INTERPOL para perseguir a defensores de derechos humanos, denunciando lo que calificaron como “represión transnacional”.
Rudy Joya señaló precisamente ese concepto, indicando que los órganos de la ONU han documentado cómo algunos Estados extienden su hostigamiento más allá de sus fronteras contra personas defensoras.
UNIDEHC informó que a finales de noviembre de 2025 ambos abogados fueron notificados de la eliminación de la alerta solicitada por un tribunal salvadoreño, y reiteraron que el proceso judicial en su contra constituye “una manipulación” destinada a afectar a líderes comunitarios y a quienes acompañan casos de defensa territorial.
Las difusiones rojas habían sido solicitadas en mayo de 2025 por el tribunal que dirige el caso de la Finca La Floresta y su emisión fue confirmada por INTERPOL en julio del mismo año. Cruz y Joya se trasladaron a España tras la criminalización del caso, en el que fue capturado el líder comunitario, varios habitantes y el integrante de UNIDEHC, Fidel Zavala.
La Fiscalía General de la República acusa a Joya y Cruz de agrupaciones ilícitas y comercialización irregular de parcelas en perjuicio de dos particulares, en un expediente donde 24 personas más fueron enviadas a instrucción, incluido el vocero de UNIDEHC, Fidel Zavala.
El 18 de marzo, el Tribunal envió a instrucción a Joya y Cruz, junto con Julio Armando Alas Sandoval y Elba Rivera, estos últimos vinculados a otros delitos como usurpación de inmuebles y limitación ilegal a la libertad de circulación. El 5 de mayo, el Tribunal declaró rebeldes a los cuatro imputados tras no presentarse a la audiencia de imposición de medidas y activó la difusión roja que ahora ha sido retirada.
