El Informe de Transparencia Fiscal 2025 de EE. UU. reconoce avances de El Salvador en publicación de presupuestos y deuda estatal.
EL SALVADOR.- El Informe de Transparencia Fiscal 2025, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 19 de septiembre, evaluó la transparencia presupuestaria de 140 gobiernos, destacando cambios recientes en El Salvador.
Durante el período revisado, el gobierno salvadoreño logró avances importantes, incluyendo la publicación de su propuesta de presupuesto ejecutivo, el presupuesto aprobado y el informe de fin de año dentro de plazos razonables. Además, puso a disposición pública información sobre obligaciones de deuda, incluso de empresas estatales, y desglosó los gastos por ministerio u organismo gubernamental. Los documentos presupuestarios proporcionaron un panorama sustancialmente completo de los ingresos y gastos del gobierno, así como de las asignaciones y los ingresos de las empresas estatales.
El informe también señala que el gobierno elaboró y publicó estimaciones presupuestarias revisadas cuando los ingresos y gastos reales no coincidían con el presupuesto aprobado.
Sin embargo, indica que persisten desafíos en materia de transparencia: se mantuvieron cuentas extrapresupuestarias no auditadas, incluidas tenencias gubernamentales en Bitcoin, y la entidad fiscalizadora superior no cumplió con estándares internacionales de independencia ni publicó auditorías oportunas que cubrieran la totalidad del presupuesto anual ejecutado. Además, cierta información sobre contratos públicos no se hizo pública.
El Departamento de Estado recomendó que El Salvador adopte medidas adicionales para mejorar la transparencia fiscal, entre ellas eliminar o auditar adecuadamente las cuentas fuera de presupuesto, garantizar la independencia de la entidad fiscalizadora y publicar más información sobre contratos públicos.
El informe forma parte del proceso de revisión de la transparencia fiscal del Departamento de Estado, que evalúa si los gobiernos extranjeros cumplen con los requisitos mínimos de transparencia presupuestaria.
