“Una orden judicial que obliga al Ejecutivo a interactuar con una potencia extranjera de cierta manera, y mucho menos a obligar a un soberano extranjero a tomar una determinada acción, es constitucionalmente intolerable”, escribieron los abogados del Gobierno.
ESTADOS UNIDOS.- Los abogados del Gobierno alegan que una jueza federal carecía de la autoridad para ordenar a la Administración Trump que mediara en el regreso de un hombre de Maryland que fue deportado por error de Estados Unidos a una prisión en El Salvador, según una solicitud presentada este sábado ante un tribunal de apelaciones para que suspenda el fallo.
La jueza federal de distrito Paula Xinis ordenó el viernes al Gobierno que “facilite y haga efectivo” el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos antes del lunes por la noche. Abogados del Departamento de Justicia solicitaron al Tribunal de Apelaciones del 4.º Circuito de Estados Unidos que deje sin efecto dicha orden.
“Una orden judicial que obliga al Ejecutivo a interactuar con una potencia extranjera de cierta manera, y mucho menos a obligar a un soberano extranjero a tomar una determinada acción, es constitucionalmente intolerable”, escribieron.
El tribunal de apelaciones solicitó a los abogados de Abrego García que respondieran a la presentación del Gobierno antes del domingo por la tarde.
Los abogados del Gobierno afirman no tener control sobre Abrego García ni autoridad para gestionar su regreso, “como tampoco tendrían la facultad de acatar una orden judicial que les ordenara ‘lograr’ el fin de la guerra en Ucrania o el regreso de los rehenes de Gaza”.
“Es una orden judicial para obligar a un soberano extranjero a expulsar a un terrorista extranjero en un plazo de tres días. Esa no es forma de gobernar. Y carece de fundamento en el derecho estadounidense”, escribieron.
Abrego García, un ciudadano salvadoreño de 29 años, fue arrestado en Maryland y deportado el mes pasado a pesar del fallo de un juez de inmigración de 2019 que lo protegía de la deportación a El Salvador, donde enfrentaba una probable persecución por parte de pandillas locales.
Su deportación errónea, descrita por la Casa Blanca como un “error administrativo”, ha indignado a muchos y ha suscitado preocupación por la expulsión de extranjeros a quienes se les concedió permiso para permanecer en Estados Unidos.
Decenas de simpatizantes se congregaron en el tribunal federal de Greenbelt, Maryland, para la audiencia del viernes. Una ovación estalló en la sala cuando Xinis falló a favor de Abrego García, cuya esposa, ciudadana estadounidense, estaba presente.
Xinis, quien fue nominado por el presidente Barack Obama, afirmó que no existían fundamentos legales para la detención de Abrego García ni justificación legal para su deportación a El Salvador, donde fue recluido en el CECOT, una prisión que, según los observadores, está plagada de abusos contra los derechos humanos.
El abogado de Abrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que el Gobierno no ha hecho nada para recuperar a su cliente, incluso después de admitir sus errores.
“Muchos tuits. Muchas conferencias de prensa de la Casa Blanca. Pero no se han tomado medidas concretas con el Gobierno de El Salvador para corregirlo”, declaró al juez el viernes.
La Casa Blanca ha señalado a Ábrego García como miembro de la pandilla MS-13 y reafirmó esa afirmación tras la audiencia del viernes. Los abogados de Ábrego García han rebatido que no hay pruebas de que perteneciera a la MS-13.
Abrego García tenía un permiso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para trabajar legalmente en Estados Unidos, según su abogado. Se desempeñó como aprendiz de metalúrgico y estaba cursando estudios para su licencia en el oficio.
Abrego García huyó de El Salvador alrededor de 2011 porque él y su familia enfrentaban amenazas de pandillas locales. En 2019, un juez de inmigración estadounidense le otorgó protección contra la deportación a El Salvador. Información Telemundo.
