Secuestro de un país

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Por  Ernesto Sanabria/Secretario de Prensa de la Presidencia

SAN SALVADOR.- El Salvador sufrió el accionar violento de las maras y pandillas por más de 20 años. Durante los gobiernos de la derechista ARENA y el izquierdista FMLN fueron aplicados «planes de seguridad» más a la medida de favorecer a los grupos criminales que al pueblo.

Las políticas de «mano dura» fueron eso, duras, pero en papel. La zozobra, el luto y la sangre tapizaron calles, avenidas y aceras en todo el territorio nacional.

Durante el primer Gobierno del FMLN se tomó la decisión de establecer un pacto con las dos principales bandas criminales, una política pública denominada «tregua», que dio como resultado la protección de los derechos de las maras y pandillas —lo que las ONG y la OEA aplaudieron—, pero dejó desprotegida la vida de más de 6 millones de salvadoreños.

Claro, la «tregua» funcionó para los pandilleros, pues rápidamente sitiaron El Salvador, establecieron su régimen en cada comunidad, en cada municipio, en cada departamento. «De algo tienen que vivir», dijo con cinismo el «presidente» de entonces al ser cuestionado por las extorsiones a las que eran sometidos los ciudadanos, los pequeños y grandes negocios, las unidades del transporte colectivo, las empresas que distribuyen agua y hasta los repartidores de comida rápida y de pan francés.

La presentación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, encabezado por el segundo «presidente» del Gobierno efemelenista, sus ministros de la Defensa y de Justicia y Seguridad, marcó la segunda estrategia izquierdista. Una acción respaldada por diputados, magistrados, representantes de las iglesias, ONG de «derechos humanos» y de la «sociedad civil», fundaciones y organismos internacionales.

El fin, dijeron, era frenar la escalada de violencia que agobiaba al país por medio del «diálogo». «El buen vivir» que tanto vendieron a escala internacional fue otra de las farsas en contra de la vida de los salvadoreños honrados. Más de 56 homicidios diarios por cada 100,000 habitantes gritaban el fracaso de la estrategia. Bueno, El Salvador subió a la primera posición como el país más violento del mundo, en 2015.

Un verdadero régimen criminal en el que la vida dependía de si una mujer se pintaba el cabello de rubio o no, de si un joven usaba el 13 o el 18 en su camisa de deporte, o si no se equivocaba de colonia e ingresaba a una controlada por una pandilla contraria. Un régimen con el que verdaderamente se sentían cómodas ONG nacionales e internacionales. Sí, esas mismas que hoy exigen la libertad de los asesinos.

No recuerdo mediciones hechas por las casas encuestadoras sobre cómo se sentía el salvadoreño trabajador, estudiantes, propietarios de tienditas, comerciantes, motoristas, cobradores y usuarios del transporte colectivo sobre el clima de violencia que generaban los grupos criminales. Tampoco recuerdo encuestas específicas de cómo evaluaban los «planes de seguridad» de los gobiernos de ARENA y el FMLN.

En 2019, el presidente Nayib Bukele ordenó activar de inmediato el Plan Control Territorial para rescatar a la nación de las maras y pandillas. Y, luego, el régimen de excepción, para que los fiscales tuvieran el tiempo necesario para presentar casos sólidos ante los jueces, y que estos contaran con las pruebas suficientes para no dejar en libertad a los criminales. Durante décadas ¡todos quedaban libres en un par de días!

El régimen de excepción consolidó toda la estrategia de seguridad, y ahora tenemos el país más seguro del continente. Los salvadoreños respiran verdadera paz y tranquilidad, esa que nunca tuvieron durante la guerra civil ni después de finalizada.

Pero resulta que este régimen de excepción, al que los salvadoreños aprueban, ahora sí es de total interés de las ONG nacionales y extranjeras. Una buena cantidad de sondeos se han hecho desde que se inició la medida. Obviamente, no para mostrar al mundo el respaldo que la población le da, sino para poner el grito en el cielo en defensa de los «derechos de criminales».

¿Cuál es el verdadero interés de estas ONG para que se levante el régimen? Digo, más allá de que no les importa que sus mismos hijos, padres, abuelos, todos, caminen con tranquilidad en cualquier parte del territorio nacional.

Es que no tengo duda de que sus batallas tienen el único interés de regresarles el control a la derecha e izquierda repulsivas que, por cierto, ya deambulan con nuevas mudas, con séquitos de «asesores» extranjeros, y así restablecer el sistema «piñata» de maletines negros. Quieren que El Salvador sea secuestrado nuevamente.

La verdad, solo un «estorbo» tienen para lograrlo: el poder del pueblo.