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PDDH condena a la ministra Lina Pohl y a la FGR por no proteger el derecho humano al agua de humilde comunidad campesina

#Nacional | Jueves, 06 de diciembre del 2018
 
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PDDH condena a la ministra Lina Pohl y a la FGR por no proteger el derecho humano al agua de humilde comunidad campesina

 

POR JORGE BELTRÁN LUNA / PERIODISTA ASOCIADO

SAN SALVADOR-  “Señores, no es ciencia ficción; el agua se está acabando y es responsabilidad de todos cuidar este recurso”, dijo Pohl en una entrevista televisiva el 29 de noviembre. Un día después, la PDDH emitió una resolución en su contra por no hacer nada contra una empresa que desvió un río y usó agua de otro para regar sus cultivos.

Cinco días después de esa resolución: Miércoles 5 de diciembre, al mediodía. Cantón Tierra Blanca, municipio de Zacatecoluca. Un puñado de adolescentes se refrescan en un río. Que se divierten es evidente. Agarrados de un grueso bejuco se balancean como péndulo hasta dejarse caer en una poza. El lugar es un tramo del río Acomunca.

La escena se repite todos los días, generalmente de mediodía abajo. Es obvio que los habitantes del cantón Tierra Blanca disfrutan de su río. Otros aprovechan las aguas para abrevar el ganado; algunos lavan ropa y hasta motocicletas y carros.

Así disfrutan los habitantes del cantón Tierra Blanca, su ecosistema. Ese medioambiente que hasta hace unos meses una empresa agropecuaria perjudicó al utilizar las aguas del río Acomunca y del río Amayo para regar sus plantaciones de caña de azúcar, zacate King Grass o zacate Elefante (utilizado como pasto alimentar ganado y para la generación de biocombustible), platanares y cacao.

Pero hay algo más la empresa propietaria de los cultivos (Corporación Agroenergética, S.A. de C.V.), no solo utilizó aguas del río Acomunca, también desvió el cauce del río Amayo, en el trayecto que este atraviesa por la Hacienda Escuintla, para utilizarlo en regadío de los cultivos referidos. Esto consta en un expediente judicial del Juzgado Ambiental de Santa Tecla.

La utilización del agua de ambos ríos ocurrió entre los años 2015, 2016, 2017 algunos meses del 2018, ante la pasividad del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la connivencia del alcalde de Zacatecoluca y por la desidia de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta que un grupo de lugareños se movilizó para que la empresa agrícola abandonara esa práctica.

Sin embargo, esa lucha no fue fácil. Acudieron al MARN, al MAG y a la FGR pero en ninguna de esas instancias los escucharon. Hasta que llegaron a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH).

La PDDH hizo su propia investigación, determinando que de parte del MARN no había permisos para el aprovechamiento de las aguas de los ríos Acomunca y Amayo, ni para la perforación de pozos también con fines de irrigación de cultivos.

El MAG informó a la PDDH que no había registros de otorgamiento de permisos, ni de solicitudes, para uso de agua con fines de riego en el lugar conocido como hacienda Escuintla.

La Procuraduría informó al Juzgado Ambiental de Santa Tecla. El juez actuó con mucha diligencia.

El 9 de marzo de este año, el Juzgado Ambiental dictó medidas cautelares en contra de la Corporación Agroenergética, S.A. de C.V., cuyos representantes en ese momento eran el empresario  Elías Jorge Bahaía Samour y Otto Karim Guzmán Barrera.

El juez ambiental comprobó que era verdad todo lo que los denunciantes habían informado a la PDDH en cuanto a los daños al medioambiente por la utilización de los recursos hídricos: la desviación del río Amayo, el uso de las aguas del río Acomunca y la perforación de pozos.

El juez también ordenó al MARN y al MAG que realizaran las acciones de su competencia para investigar y sancionar a la empresa por no cumplir contar con los permisos respectivos. Certificó a la FGR para que promoviera las acciones correspondientes contra la empresa cautelada.

El Juzgado previno a la empresa de que se abstuviera de hacer uso de los recursos hídricos para continuar con sus proyectos agrícolas mientras no contara con los permisos de las autoridades competentes; al MARN y al MAG les advirtió que era su obligación la protección y conservación de los recursos naturales.
La empresa cumplió con las medidas cautelares ordenadas por el juez ambiental, sin embargo, las instituciones de gobierno continuaron con su parálisis o alcahuetería.

Por esa razón, el pasado 30 de noviembre anterior, la Procuraduría de Derechos Humanos, emitió una resolución en la que determinó que Lina Pohl, Ministra de Medio Ambiente, violó “por omisión”, esto es por no cumplir con su deber, el derecho a un medio ambiente saludable de los habitantes del cantón Tierra Blanca, en el municipio de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

En el mismo documento resuelve que la Fiscalía General de la República (FGR), el Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG) y el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi, incurrieron en la misma violación que Pohl.

En lo que respecta al MAG, el documento señala directamente a Orestes Ortez, el ministro, y en cuanto a la FGR, el señalamiento es directo contra Miguel Juárez, jefe de la Unidad de delitos relativos al medio ambiente

En este caso, la participación del alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Hirezi es porque sin tener potestad para ello, emitió permisos para que la Corporación Agroenergética utilizara las aguas de los ríos Amayo y Acomunca.

“De acuerdo a la información obtenida y las evidencias encontradas en la tramitación del proceso de Medidas Cautelares dictadas por el Juzgado Ambiental de San Salvador, esta Procuraduría constató una serie de omisiones de las instituciones del Estado responsables de garantizar la protección de los recursos naturales y de legalidad de las actuaciones tanto a entes públicos como privados, quienes no obstante, estar legalmente obligados a protegerlos no realizaron acciones orientadas para tal fin, por el contrario se evidenció que una de ellas rebasó sus atribuciones legales a fin de facilitar la operatividad de la empresa y en detrimento del medio ambiente”, reza en la resolución.

Agrega el dictamen que “En este sentido, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como ente rector de la política ambiental del Estado, no constató el supuesto desvío del Río Amayo, que era uno de los puntos relevantes en la denuncia presentada por los miembros de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Escuintla, de R.L.; no obstante, haber conocido que la Corporación Agroenergética S.A. de C.V. evadió el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos para la realización de actividades productivas, como es la tramitación del Permiso Ambiental y la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental”.

La PDDH establece en su dictamen que la FGR se limitó a realizar únicamente la persecución penal por el delito de depredación de bosques, a pesar de haber tenido conocimiento de las actividades que realizaba la empresa propietaria de los cultivos, los cuales regaba  violando la Ley de Medio Ambiente y la Ley de Riego y Avenamiento.

La resolución, en el primer literal reza: “a) Dar por establecida la violación al derecho a un medio ambiente sano por omisión o negligencia en la supervisión de actividades que generan deterioro en los ecosistemas de parte de las autoridades competentes en su deber de prevención, precaución, y reparación por parte de la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, licenciada Lina Dolores Pohl…”.

Así mismo indica que la PDDH da por establecida la violación al derecho al acceso a la justicia por la omisión de una tutela legal efectiva, por la omisión de investigar las afectaciones derivadas de las acciones para el uso y aprovechamiento del recurso hídrico, de la inadecuada destrucción y manejo de desechos químicos peligrosos para la salud y el medio ambiente; al jefe de la Unidad de Delitos Relativos al Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República.

Por último, en su dictamen dice quedas por establecidas la afectación al derecho humano al agua en perjuicio de los habitantes de las comunidades aledañas al inmueble denominado Hacienda Escuintla por la autorización del uso y aprovechamiento de la empresa Corporación Agroenergética, por parte de la alcaldía municipal de Zacatecoluca.

La PDDH también recomienda que la titular del MARN, Lina Dolores Pohl, realice un monitoreo oportuno de las actividades agrícolas a gran escala desarrolladas en las zonas aledañas al área natural protegía Escuintla para prevenir daños al medio ambiente.

A la FGR también le recomendó que sea diligente en garantizar la protección legal efectiva a los derechos humanos y al medio ambiente.

En ese sentido, fuentes de La Noticia SV, que viven en los alrededores de la hacienda Escuintla, indicaron esta tarde que han observado que cultivos de caña continúan siendo regados por aspersión, utilizando los recursos hídricos, aunque ignoran si los propietarios de los cultivos cuentan con los permisos respectivos.

 


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