Ágil & Objetiva
Sábado, 08 de agosto del 2020
Sábado, 08 de agosto del 2020
POR ALFREDO MELGAR
SAN SALVADOR.- El Tribunal 5° de Sentencia absolvió al ciudadano nicaragüense, Wilber Javier Zavala Gómez, de 28 años, acusado del homicidio de su pareja ya que el fiscal había obtenido prueba de forma ilegal, violando los procedimientos y principios del debido proceso que dicta la ley.
De acuerdo al juez 5° de Sentencia, el fiscal del caso con 18 años de experiencia citó al imputado a una “ampliación de la entrevista” y le habría tomado su declaración sin la presencia de su abogado defensor, por lo que presentó una confesión extrajudicial como principal prueba de cargo contra Zavala Gómez.
El aplicador de justicia señaló que el fiscal del caso no citó a ningún abogado para que asesorara a Wilber Javier Zavala Gómez, violando los procedimientos de la toma de la declaración de los indiciados.
En la lectura de la sentencia el juez citó el artículo 259 del Código Procesal Penal que en la parte final del numeral tres dicta que “la confesión ante autoridad administrativa podrá ser apreciada como prueba si además de los requisitos establecidos en este artículo, fuere rendida con asistencia de defensor”, siendo el caso en este juicio todo lo contrario pues no estuvo presente el abogado del señalado.
Este mismo modo de operar por parte de algunos fiscales auxiliares ya había sido denunciado desde el año 2016 por los abogados del empresario Enrique Rais, quienes acusaron a los representantes del ministerio público de utilizar engaños para citar a su representado a la sede fiscal para detenerlo.
La abogada Tahnya Pastor, defensora del exempleado de Casa Presidencial, Pablo Gómez, condenado a 16 años de prisión por ayudarle al expresidente Elías Antonio Saca a lavar más de $301 millones de fondos de la partida de Gastos Reservados, denunció que al inicio del proceso a su representado no se le permitió la asistencia de ningún profesional del derecho.
Otra denuncia idéntica la hicieron los cuatro fiscales y dos empleados administrativos de la Fiscalía General de la República (FGR) que afirmaron que el anterior titular del ministerio público, Douglas Meléndez, permitió que los torturaran para obligarlos a aceptar el criterio de oportunidad para declarar como testigos en el caso denominado “Corruptela”.
El acuerdo busca reducir la burocracia y crear una “autopista” donde la información financiera fluya de forma ágil indicó el titular de la SSF.
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El mandatario lamentó que después de dicha fecha el Gobierno solo podrá hacer recomendaciones de cumplimiento voluntario y atención a los enfermos.
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Con anterioridad, el referido contrato ha sido declarado improcedente por una auditoría de la Corte de Cuentas de la República (CCR).
Las imágenes de la escena causaron la indignación de los usuarios de redes sociales.
Tomado íntegro de cronio.sv
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