Diputados aprueban el informe final de la Comisión Especial que investigó entrega de sobresueldos: «Fueron unos sinvergüenzas y cínicos»

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El informe será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el posible cometimiento de delitos.

Según el informe entre los funcionarios que recibían sobresueldos se encuentran: Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Luis Mario Rodríguez, Darlyn Meza y Ana Vilma de Escobar.

SAN SALVADOR.- Con 65 votos a favor y dos abstenciones, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobó el informe final de la Comisión de Sobresueldos sobre los políticos y las personas naturales o jurídicas de gobiernos anteriores que recibieron sobresueldos de 1989 a 2019, los cuales provenían de la partida secreta de la Presidencia de la República, el cual será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue el posible cometimiento de delitos.

De acuerdo al informe, en las entrevistas a los citados, se determinó que existió la figura de sobresueldos en los gobiernos anteriores y que estos eran llamados de diferentes maneras, como estipendios o bonificaciones, justificando su entrega a funcionarios públicos de ese entonces porque devengaban supuestamente «salarios bajos».

La diputada Marcela Pineda explicó que el primer mecanismo de corrupción que utilizó el partido político ARENA fue la entrega de sobresueldos. «Un mecanismo heredado y después perfeccionado, pero jamás detenido… algunos (citados) los llamaron ‘salarios bonitos’, otros ‘estipendios’ y otros, incluso, se atrevieron a decir que eran ‘bonificaciones’. Los más atrevidos y corruptos dijeron que ‘todo era lícito’», declaró.

En ese sentido, los políticos de Nuevas Ideas explicaron que este mecanismo de compensación inició su funcionamiento desde el periodo presidencial de ARENA, con Alfredo Cristiani, manteniéndose así hasta el del FMLN, con Salvador Sánchez Cerén; identificándose además que en cada gobierno se realizaban los debidos ajustes para continuar con la figura del sobresueldos y favorecer a las cúpulas de estos partidos políticos.

El informe destaca que existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos, de acuerdo a documentos oficiales, como la evasión de impuestos, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y de activos. Es por ello que la Comisión Especial emitió avisos a la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo anterior, la Comisión Especial recomienda remitir el informe final a la FGR para que continúe la investigación y, si fuera el caso, se inicie la respectiva acción penal y determine la responsabilidad de los posibles partícipes en los hechos.

Cabe mencionar que el expresidente Elías Antonio Saca expresó que habían proporcionado sobresueldos a diferentes personas que conformaban su gabinete de gobierno en el periodo 2004-2009. Manifestó que el encargado de dar esos fondos, en efectivo, era el exsecretario privado de la presidencia, Elmer Charlaix, los cuales eran sustraídos de la partido de gastos reservados.

Explicó que el monto otorgado a los ministros de su gobierno era de $10,000 mensuales, aproximadamente, por el periodo de cinco años que estuvieron al frente del órgano Ejecutivo. Los exfuncionarios, en ocasiones, firmaban un recibo simple y, a veces, no firmaban, solo recibían el efectivo correspondiente al sobresueldo.

«Mientras los salvadoreños se fajaban trabajando para pagar sus impuestos, habían personas que solo llegaban a poner la mano cada mes para que les entregaran $10 mil en efectivo. Fueron unos sinvergüenzas y cínicos», aseveró el diputado William Soriano.

«A algunos les daban menos de eso ($10 mil) y a otros les daban más. Hubo funcionarios que ganaban hasta $30,000 al mes», dijo el diputado Ernesto Castro, «Estamos hablando de $360,000 en un año; y si se echaban los cinco años, asciende a $1,800,000. Libre de impuestos porque no los declaraban», agregó.

Según el informe, el expresidente Elías Antonio Saca dijo que entre los funcionarios de su gobierno que recibían sobresueldos se encuentran: Margarita Escobar, Rodrigo Ávila, Luis Mario Rodríguez, Darlyn Meza y Ana Vilma de Escobar.

El informe subraya que si bien se creó el «Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público» que regulaba los sobresueldos, se debe recordar que este instrumento, por su clasificación, es considerado como de organización, procedimiento o servicios, es decir, no posee el poder normativo para regular de manera general las actividades del Estado, como en este caso es la disposición de los fondos públicos.

“Los sobresueldos eran utilizados por los gobiernos anteriores para comprar impunidad. Otro modus operandi era la compra de votos a los legisladores de ese entonces. Ahora, nuestros votos los hacemos en representación de la voluntad soberana del pueblo”, dijo el diputado Jorge Castro.

Funcionarios del gobierno de Mauricio Funes ya enfrentaron procesos judiciales por sobresueldos

Tras aceptar haber recibido sobresueldos y devolver el dinero fueron condenados cuatro exfuncionarios del gobierno de Mauricio Funes, quienes enfrentaron un procedimiento abreviado con el objetivo de recibir una menor condena y el reemplazo de esta, pero a cambio tuvieron que confesar los delitos cometidos y restituir los fondos sustraídos al Estado.

Los procesados confesos son: el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien restituirá al Estado $210,000, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Hugo Flores, devolverá $174,000, mientras que las exviceministras, Violeta Menjívar y Erlinda Handal, se comprometieron a restituir al Estado $177,000 y $162,000, respectivamente. Todos ellos deberán cumplir su condena con trabajos de utilidad pública.

Entre los acusados ausentes que pasaron a vista pública también se encuentra Salvador Sánchez Cerén, señalado de haber recibido $530,000 de la partida secreta durante su periodo como vicepresidente de la República (2009-2014); el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, por $290,000, la exviceministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, por $177,000; el exministro de Agricultura y expresidente de CEPA, Guillermo López Suárez, por $565,000, y José Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, por $150,000.