Corte de Cuentas admite denuncia ciudadana, por mala gestión financiera del alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez

POR REDACCIÓN

SAN SALVADOR.- El ciudadano Edgar Francisco Lemus, interpuso el pasado viernes 15 de enero del presente año, ante el Departamento de Participación Ciudadana de la Corte de Cuentas de la República, denuncia contra el alcalde municipal de Soyapango, Juan Pablo Álvarez y su concejo municipal, siendo la principal causa la existencia de suficientes indicios para considerar que existe una mala administración financiera de los recursos de la municipalidad, especialmente ante posible malversación de los fondos recaudados en concepto de tributos y por endeudamiento excesivo de la alcaldía municipal de Soyapango, por encima de los niveles crediticios que permite la ley, para lo cual el Alcalde podría haber utilizado subterfugios legales para obtener financiamientos sin los controles que ordena la “Ley Reguladora de Endeudamiento Público Municipal”.

La institución contralora notificó al denunciante a fecha 20 de enero de 2021, que admitió su denuncia y ordena a la Dirección de Auditoría correspondiente a efecto de realizar un Examen Especial sobre los fondos percibidos por la alcaldía de Soyapango, en concepto de tasas municipales por recolección y disposición final de basura, durante el periodo comprendido del 1 de mayo de 2018 al 31 de diciembre de 2020 y respecto a los Créditos adquiridos entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

Recientemente, Nercy Montano, candidata a la silla edilicia del municipio de Soyapango por Nuevas Ideas, interpuso un aviso penal contra el actual alcalde Juan Pablo Álvarez, por presuntos actos de corrupción. Los que sumados a señalamientos previos sobre un uso indebido del FODES dejan a juicio del denunciante suficientes indicios para que la institución contralora fiscalice las finanzas municipales de la alcaldía de Soyapango, de manera que se pueda confirmar si se han dado hechos de malversación o cualquier otra clase de defraudación y de comprobarse puedan certificarse a la Fiscalía General de la República.

Edgar Lemus, un abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental, previamente ha presentado solicitudes exigiendo a la alcaldía de Santa Tecla, departamento de La Libertad, que informe sobre el convenio suscrito para la creación de la Sociedad de Economía Mixta denominada “TECLASEO”, especialmente para conocer los términos de la contratación, los recursos invertidos y los costos que el municipio cancela a esta compañía por los servicios de recolección, transporte y disposición final de la basura. Por su parte, la alcaldía de Santa Tecla, declaró esa información como reservada, logrando el profesional del derecho que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenase a la municipalidad Tecleña la entrega de información.

Sin embargo, a la fecha el alcalde de Santa Tecla, se ha negado a brindar esa información, que es vital para transparentar la gestión municipal y especialmente sus finanzas. Por este motivo el IAIP certificó a Fiscalía General de la República para que iniciara el procedimiento de imposición sancionatorio contra la referida municipalidad, sin que a la fecha se conozca de ninguna acción realizada por el Ministerio Público.

También la Corte de Cuentas de la República informó que del Examen Especial realizado a la municipalidad de Santa Tecla, se habían detectado movimientos irregulares por un monto aproximado de $1 millón 210 mil de dólares, sobre los que no existe claridad de cómo fueron asignados o del origen de esos fondos y que se entregaron bienes municipales a una sociedad con fines de lucro, sin que reflejen un beneficio directo para el municipio, cuyos costos por el servicio de la recolección, transporte y disposición final de la basura sigue recayendo en los contribuyentes que deben pagar mensualmente la tasa respectiva.

En ese mismo Examen Especial, el Tribunal Contralor destacó que al momento de constituirse la Sociedad de Economía Mixta “TECLASEO” se irrespetó el debido proceso administrativo, afectando derechos de terceros, por lo que el convenio y la constitución de la sociedad misma serían nulos. Esta nulidad debe ser solicitada por la Fiscalía General de la República ante las instancias judiciales, por afectar fondos públicos, de la misma forma en que previamente ha procedido a solicitar la nulidad de un instrumento público otorgado por la Lotería Nacional de Beneficencia y una entidad particular. Esta es una razón por la que el denunciante cuestiona que la FGR no ha procedido  en iguales términos contra el alcalde de Santa Tecla, a pesar de existir las pruebas producidas por las propias instituciones del Estado.