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Viernes, 07 de agosto del 2020
Viernes, 07 de agosto del 2020
POR REDACCIÓN
ESPAÑA.- Uno de los militares salvadoreños vinculado al crimen de los sacerdotes jesuitas en noviembre de 1989, coronel Inocente Montano negó, durante la continuación del juicio en su contra que se realiza en España, su participación en los asesinatos de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras en la sede la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en 1989.
El militar aseguró, durante el juicio que se le sigue en España, que él carecía por ese entonces de poder de mando,
“La función mía era de tipo administrativo (como viceministro de Seguridad Pública), la de tipo operativo la tiene solo el estado mayor de la fuerza armada”, expuso Montano, en la sala de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, en las afueras de Madrid.
Cinco de los religiosos asesinados en suelo salvadoreño eran españoles, por lo que en el proceso judicial el coronel Montano ha tratado de desligarse de los hechos que se le imputan.
“El delito lo cometieron soldados, no lo cometieron policías, que son los que estaban a cargo de mi persona”, aseguró el acusado.
Reportes de prensa evidencia que el testimonio del coronel Montano duró una hora, tiempo durante el cual estuvo en su silla de ruedas portando una mascarilla en el rostro, un requisito por la pandemia del coronavirus.
Según Montano el ministro y viceministro de defensa eran “los encargados de la seguridad nacional, que en ese momento estaba comprometida por el choque con las fuerzas del FMLN (la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), que es una organización terrorista”, agregó.
“No hubo nunca pretensiones de hacerle ningún daño a él (al rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, uno de los asesinados) o a la Iglesia o a la universidad”, subrayó Montano, que solo contestó a preguntas de su abogado y se negó a responder a las partes acusadoras.
Por su parte, la fiscalía española acusa a Montano de haber participado "en la decisión, diseño o ejecución del asesinato" al considerar que se era parte de "una estructura paralela, al margen de la legalidad, razón por la cual pide hasta 150 años de prisión.
Otro de los aspectos que se debate durante el juicio es la posible prescripción del delito, uno de los puntos de la parte defensora; sin embargo, la fiscalía defiende que según la justicia española el procedimiento no prescribió, porque la investigación se inició dentro de los 20 años de plazo en 2009, en base al principio de justicia universal.
Las entregas se iniciarán en las regiones uno y dos, según el mapa que comparte la institución.
El sujeto además debe pagar $13 mil en concepto de responsabilidad civil.
Aunque el funcionario indicó que las únicas que se sustituirán son por robo, extravío, deterioro o decomiso.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional el decreto ejecutivo número 32.
De acuerdo al fiscal general de la República, lo hurtado por los detenidos asciende a los $250 mil.
La PNC encontró el celular, dinero y otros objetos de valor del sacerdote cuyo cadáver fue localizado a unos poco metros del vehículo.
Las pérdidas hasta el momento alcanzan los $10 mil millones, según las autoridades de Beirut.
La casa de gobierno de Costa Rica emitió un comunicado de prensa confirmado la información, sin profundizar en las causas de la renuncia.
Tomado íntegro de diariolatino.net
Hasta el momento no se detalló sobre el alcance del siniestro ni los se han cuantificado las pérdidas.
El funcionario además recalcó que la próxima semana se presentará un plan de modernización de la institución.
El Salvador suma 19,126 casos confirmados de coronavirus, que ya cobró la vida de 413 personas, tras los 15 decesos del 5 de agosto.
Además resaltó que en lo que va del años en al menos 100 municipios no se portaron homicidios.
La semana pasada se confirmó que el jefe de seguridad de la Asamblea Legislativa dio positivo al covid-19.
En las imágenes aparece haciendo compras en una ferretería.
