Y exponen que «la minería en El Salvador simboliza un conflicto entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental».
EL SALVADOR.- Este 10 de diciembre, la Asamblea General Universitaria de la Universidad de El Salvador (UES), emitió un pronunciamiento ante el retorno de la minería metálica en el país.
En dicho documento abordan de forma científica la extracción del oro, mencionando a la minería verde, la cual sería la que el presidente Nayib Bukele ha asegura que utilizaría en El Salvador.
Según la Asamblea General de la UES, las actividades mineras, «sin importar su escala o tipo, generan impactos ambientales». La preocupación por estos efectos y su potencial amenaza a la salud pública han llevado a El Salvador, a convertirse en el único país del mundo en prohibir la minería metálica. Esta medida se implementó mediante la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, la cual establece «Que las actividades de exploración y explotación de minería metálica, constituyen un atentado a la
salud de los habitantes del país, acarrea severos riesgos para el ambiente, ..». Por lo tanto, es
esencial abordar estos proyectos desde un enfoque responsable, basado en evidencia científica
que garantice la sostenibilidad ambiental, social y económica».
En el documento se expresa que «a pesar de las ventajas económicas; los costos sociales y ambientales asociados con la minería son extremadamente altos, en términos requerimientos energéticos, un consumo exorbitante de agua, la deforestación de extensas zonas, y la contaminación residual de suelos, fuentes de agua y el aire».
Además, aseguran que, en El Salvador, «las áreas de potencial minero coinciden con zonas de alta densidad poblacional y recursos hídricos en estado crítico. La extracción de metales demandará de grandes cantidades de agua y la aplicación de sustancias químicas tóxicas, como el cianuro y el arsénico, lo que genera grave riesgo de contaminación de ríos y acuíferos».
Y que «desde una perspectiva social, la minería ha sido fuente de conflictos. Las comunidades afectadas han enfrentado amenazas, desplazamientos forzados y violaciones de derechos humanos. Además, los ingresos generados por la minería metálica en el país y en otros países han demostrado ser volátiles y suelen beneficiar mucho más a las empresas extranjeras que a las economías locales, sin que tampoco estas empresas se lleguen a responsabilizar por el daño ambiental provocado, que puede ser inconmensurable y llevar muchas décadas y hasta siglos para su recuperación».
La Asamblea General de la UES menciona que, en la Ley de Medio Ambiente y la Ley General de Recursos Hídricos, han adoptado el principio de prevención, precaución, los cuales, establecen «que si se tiene conocimiento previo de las consecuencias negativas que una determinada acción ocasionará en el medio ambiente, estas se deben prevenir; por el contrario, si no se tiene la certeza razonable, de que dichas consecuencias dañinas se producirán, porque en el ámbito científico existen dudas o no hay pruebas irrefutables al respecto, se deben tomar todas las medidas de precaución necesarias en favor del medio ambiente».
Siendo ambas leyes aplicables a las distintas posturas sobre los efectos de la minería en El Salvador, partiendo de que, «por una parte, está ampliamente documentado el efecto negativo de la minería en el medio ambiente. Se conoce los impactos negativos significativos reflejados en la contaminación del aire, suelo y agua; esto recaerá en la parte alta y media de la cuenca del Rio Lempa, que representa aproximadamente el 53% del territorio nacional, donde se encuentran los recursos hídricos superficiales y subterráneos de los que dependemos más del 50% de la población salvadoreña».
En el pronunciamiento, explican que el oro que se puede encontrar en el subsuelo salvadoreño «es en gran medida oro de baja densidad, y por tanto se requiere extraer la roca en la que se encuentra diluido, se necesitaría pulverizar de 10 a 20 toneladas de roca, para obtener en promedio una onza de oro. Esta separación del oro de la roca requiere también el uso de no menos de 40 m³ de agua por onza de oro, a la cual se agregan varios litros de Arsénico o Cianuro y Mercurio, para solubilizar los átomos de oro y que sean lixiviados (arrastrados en el líquido), para su posterior obtención. Al final del proceso tenemos 10 o más toneladas de material pétreo contaminado, por cada onza de oro. Si se dice que el potencial minero es de 50 millones de onzas de oro en el subsuelo, es fácil calcular que se tendrá también como subproducto, al menos 500 millones de toneladas de desecho contaminado. En comparación, el volcán de Izalco tiene un tamaño aproximado de 154 millones de toneladas de roca, por tanto, con la extracción del oro, tendremos aproximadamente más de 3 montañas de desecho tóxico, cada una del tamaño del volcán de Izalco».
De acuerdo a estudios, de la explotación minera, en la zona norte de El Salvador, «se extraerán aproximadamente 22 millones de litros de agua (equivalentes a 22,000 metros cúbicos al día), solo para el proceso de lixiviación y más de 164 millones de litros de agua al día (164,000 metros cúbicos) también para el bombeo subterráneo de los canales; esto quiere decir que en la actualidad estaríamos dejando de abastecer aproximadamente a 88,000 personas/día. Además, somos uno de los países que en época de estiaje o de verano se genera una escasez del vital líquido».
Según la Asamblea General de la UES «la exposición a metales pesados químicos utilizados en la minería puede causar enfermedades graves, como insuficiencia renal, problemas respiratorios, trastornos neurológicos e incluso cáncer».
Y exponen que «la minería en El Salvador simboliza un conflicto entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, que, aunque esta industria podría ofrecer beneficios económicos a ciertos sectores, los riesgos asociados con la contaminación, los daños a la salud y la degradación ambiental son reales e innegables, y en muchos casos, irreversibles».
También aseguran que un balance entre los beneficios económicos y el daño ambiental producto de la minería metálica, es difícil de establecer. «Sin embargo, se estima que los costos ambientales superan de sobremanera los beneficios, y lo que normalmente sucede es que estos costos se socializan y toca pagarlos entre todos, incluyendo las nuevas generaciones».
En relación a la minería verde, en el pronunciamiento se lee que es una de las propuestas de extracción de minerales y metales con un enfoque sostenible, «no evita la contaminación del medio ambiente, sino que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental causado por las actividades mineras. Esta requiere considerar varios aspectos, entre ellos el monitoreo ambiental, un aspecto relacionado con el cumplimiento de las normativas de calidad del agua, aire y suelo».
El pronunciamiento termina mencionando que «la decisión histórica de prohibir la minería metálica refleja la prioridad del país por proteger sus escasos recursos naturales y la calidad de vida de sus habitantes. Esto puede servir de ejemplo para otras naciones que enfrentan dilemas similares, recordándonos que el desarrollo económico no debe comprometer el bienestar ambiental ni social».
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