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Lunes, 18 de enero del 2021
Lunes, 18 de enero del 2021
POR REDACCIÓN
SAN SALVADOR.- El abogado Héctor Alberto Rodríguez Cea presentó un escrito a la presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), Carmen Elena Ramírez Landaverde, pidiendo que inicie cuanto antes una auditoría al cobro de una indemnización por despido cobrada por el fiscal general, Douglas Meléndez, cuando asumió su actual cargo.
“Es importante advertir mi preocupación sobre las contradicciones y retrasos del tema que nos ocupa”, señaló el abogado haciendo referencia a una nota enviada el mes de junio por la titular del ente contralor en la que aseguraba que no había recibido la certificación del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) para que iniciara una auditoría a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y a Douglas Meléndez por el mencionado pago.
Sin embargo, días después “en comunicado público se contradice al afirmar que sí han sido notificados (por el TEG) desde el 22 de febrero de este año”, prosigue el profesional del derecho en su escrito remarcando su preocupación por las inconsistencias de la Corte de Cuentas en este caso.
En el comunicado citado por el abogado Rodríguez Cea se lee que “la Coordinación General de Auditoría incorporará la misma (la resolución del Tribunal de Ética Gubernamental) al Plan Anual de Auditoría con la que se programará la realización de la Auditoría a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA, como parte del proceso ordinario y objetivo realizado por esta Corte de Cuentas”, lo cual también preocupa al profesional del derecho.
“Preocupa aún más que en un tema de relevancia y de interés nacional no se le dé la prioridad debida y se deje a la suerte de una programación hasta el próximo año”, subrayó Héctor Alberto Rodríguez Cea, recalcando que a dicha auditoría se le debe dar prioridad por estar involucrado el primer llamado a hacer valer la legalidad.
Héctor Alberto Rodríguez Cea añadió que en este caso contra el fiscal general Douglas Meléndez donde “se trata de posibles actos de anti éticos y de corrupción de su persona, pareciera, o por lo menos eso se percibe, que está siendo protegido por las mismas instituciones del Estado que están obligadas constitucionalmente y legalmente a enfrentar ese flagelo con toda determinación y responsabilidad”.
El profesional del derecho solicitó a la presidenta de la Corte de Cuentas, Carmen Elena Ramírez Landaverde, que aclare las dudas generadas por lo notificacion hacia su persona y que se inicie a la brevedad la auditoría de la indemnización de $85 mil que recibió de parte de CEPA Douglas Meléndez cuando renunció a ser el gerente legal de la institución para ser nombrado fiscal general de la República.
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